El empleo irregular y los atajos que se utilizan para eludir en la medida de lo posible los efectos negativos de la crisis también suponen un importante bocado a las arcas de la región. Esta práctica, a través del pago en dinero B o escatimando en el abono de cotizaciones a la seguridad social, deja en el Principado a más de 30.000 personas fuera del control de la Agencia Tributaria y representa en términos económicos, según los últimos datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda, un 22% del PIB regional, por encima incluso del 20% en que el ministro de Trabajo cifraba dicha importancia del empleo irregular en el ámbito nacional.
Como apuntaba el propio Celestino Corbacho, ofrecer una cifra exacta de la magnitud del peso del empleo irregular en cualquier economía es una tarea casi imposible, pero hay ciertos indicadores que suponen una buena pista. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) para el tercer trimestre del 2009, la diferencia entre los ocupados (419.800) de la región y los afiliados a la Seguridad Social correspondiente a ese último dato (finales de septiembre) es de 30.524 personas. Pese a todo, si se compara dicha cifra con la misma del periodo equivalente del año anterior se obtiene una apreciable reducción de los datos de en torno al 46%.
Otra muestra. Según los últimos datos publicados por los Técnicos e inspectores de Hacienda englobados en el sindicato Gestha, la cifra que representa la economía sumergida en la región es de 4.500 millones de euros, lo que supondría en torno a un 22% del PIB regional.
COMENTARIOS SENSATOS Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, apunta que las declaraciones de Celestino Corbacho sólo se pueden valorar como "estimaciones". Pese a todo también insiste en que, teniendo en cuenta que análisis como el del Instituto de Estudios Fiscales o la misma OCDE cifran el peso de la economía sumergida en España en un 20% del PIB, los comentarios del ministro de Trabajo son "sensatos".
El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo matiza que, sin embargo, no considera que la generalización de la economía sumergida sea tal en el Principado de Asturias. Monasterio justifica su opinión en "el gran peso del sector público" en la región y los servicios "ligados a la administración pública".
En este aspecto insiste en que el empleo y los pagos irregulares en Asturias pueden tener un peso sobre el PIB "algo menor que en el resto del país" pues la estructura económica de la región no favorece el predominio del tipo de actividades "que permiten en mayor medida la economía sumergida".
Roberto Fernández Llera, profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, señala que "es imposible estimar afinadamente a cuánto asciende el fraude fiscal y laboral en España. Lo que sí está claro es que España siempre encabezó y todavía encabeza estas estadísticas, sea cual sea el indicador que se utilice".
Sobre el efecto de la crisis en el repunte de estas prácticas Fernández Llera opina que "ante la disyuntiva de ir al paro o trabajar en la economía sumergida, mucha gente elige la segunda opción. Hasta aquí, es bastante humano y entendible, aunque no sea lícito desde el punto de vista de la legalidad. Lo que no es ni ético ni legal es que ciertas empresas aprovechen la coyuntura negativa para emplear a personas sin contrato laboral o con jornadas y sueldos infames". En este sentido añade que "lo que más me choca es el fraude que está habiendo en la facturación del IVA, cuya recaudación cayó más de un 30%, cifra muy superior a lo que se redujo el consumo nacional".
Este economista coincide con Carlos Monasterio en que la misma estructura de la economía de la región y el mayor peso de los asalariados en relación a otras comunidades autónomas hace que, probablemente, Asturias se encuentre "por debajo de la media". Para Roberto Fernández Llera, lo más inmediato para la lucha contra estas prácticas fraudulentas es lograr "un refuerzo claro de la inspección de trabajo y de la inspección fiscal. Ambas tienen que tener más medios para ganar en eficacia y agilidad a la hora de detectar fraudes, sancionarlos y recuperar los ingresos perdidos para el Sector Público en forma de cotizaciones sociales e impuestos".
Pero más importante que todo esto, desde su punto de vista, es "concienciar a la gente de que el fraude y la economía sumergida suponen un deterioro de nuestra calidad de vida y de nuestros recursos comunes. Por ejemplo, pidamos siempre el ticket en la farmacia, exijamos factura de todo y, por supuesto, denunciemos a las empresas que pretenden contratar a un trabajador de forma ilegal".
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